Tomado de Proceso
SANTO DOMINGO.- Leidy Blanco, miembro y excoordinadora de Participación Ciudadana, cuestionó la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de abrir un procedimiento administrativo sancionador contra la firma encuestadora ACD Media por la publicación de estudios de opinión sobre las elecciones de 2028, y consideró que el organismo electoral debería esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la validez del reglamento que sustenta la medida.
Blanco sostuvo que, aunque la JCE tiene la facultad de fiscalizar la actividad política y electoral, esa atribución no puede aplicarse en detrimento de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.
“Las reglas del juego están muy claras y la Junta tiene su mecanismo de fiscalizar la vida pública partidaria; sin embargo, nunca puede ser en detrimento de derechos tan fundamentales como la libertad de expresión”, afirmó.
La reacción surge luego de que la JCE formulara un pliego inicial de cargos contra ACD Media por la presunta publicación y difusión de dos encuestas con contenido político-electoral fuera del período permitido por el Reglamento sobre Encuestas, aprobado por el organismo en mayo pasado.
Los estudios, publicados por Diario Libre el 1 de junio y el 13 de julio, incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a las elecciones de 2028. Según la JCE, fueron difundidos luego de la entrada en vigencia del reglamento, pero antes del inicio de la precampaña, período en el que la normativa permitiría la publicación de este tipo de investigaciones.
Ante esta actuación, Blanco planteó que la JCE debería aguardar la decisión del Tribunal Constitucional, que deberá conocer los cuestionamientos presentados contra la disposición que restringe la publicación de encuestas fuera de los plazos establecidos por el órgano electoral.
“Yo entiendo que sí (deberían esperar), porque es el órgano máximo de la constitucionalidad de nuestras leyes y hay que esperar la decisión”, expresó.
Participación Ciudadana, al igual que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha cuestionado que la JCE establezca mediante reglamento una prohibición que amplía las restricciones previstas en la Ley 20-23 de Régimen Electoral, la cual limita la difusión de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones y hasta cinco horas después del cierre de las votaciones.
Para Blanco, el debate debe centrarse en garantizar un equilibrio entre la regulación electoral y la protección de derechos constitucionales, al señalar que los partidos políticos también utilizan encuestas internas para evaluar el posicionamiento de sus dirigentes y posibles candidatos.
“Los partidos, a lo interno, pueden hacer también sus encuestas, conocer cuáles son esos candidatos que están mejor posicionados e ir perfilando esos candidatos”, indicó.
La dirigente de Participación Ciudadana agregó que las reglas electorales requieren reformas más profundas, pero advirtió que esos cambios deben realizarse con criterios de fortalecimiento democrático y no atendiendo intereses particulares.
“Nosotros siempre hemos propuesto desde Participación Ciudadana que las leyes se sienten dentro de un marco de realmente una seriedad”, sostuvo.
Mientras el Tribunal Constitucional no emita una decisión sobre la controversia, la JCE mantiene vigente el Reglamento sobre Encuestas y continúa el proceso contra ACD Media, que se encuentra en una fase inicial y en el que la firma podrá presentar sus argumentos de defensa.