Tomado de N Digital
La empresa FARMACARD aseguró que todos sus contratos con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) se han realizado conforme a la ley, con plena transparencia y cumpliendo los estándares de calidad en la prestación de servicios a los afiliados.
La compañía aseguró que entre 2012 y 2020 logró reducir en casi 40% el gasto en medicamentos de SENASA, generando ahorros millonarios al Estado. Al retomar un nuevo contrato en febrero de 2025, explicó que en apenas cinco meses implementó medidas que ya representan una disminución de RD$129 millones en costos, equivalentes a RD$25 millones mensuales, sin afectar la cobertura a los asegurados.
Esta reacción se produce luego de que el programa N Investiga denunciara este entramado, recordando que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) firmó el 28 de febrero de 2025 un contrato con Farmacard SRL para la provisión de medicamentos ambulatorios a los afiliados del régimen contributivo, pensionados y jubilados. Dicho acuerdo, con un valor superior a RD$11,304 millones en tres años, fue posteriormente anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) al considerar que violaba la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones por ejecutarse sin licitación y bajo la figura de una PSS sin aval del Ministerio de Salud.
FARMACARD también señaló que su sistema de control permitió identificar que el 68% de las recetas del régimen contributivo provenían del sector público, tres veces por encima del promedio en otras ARS, lo que apuntaba a un esquema de fraude. Con la introducción de mecanismos de seguridad como tokens de validación y la suspensión de entregas irregulares fuera de domicilios o lugares de trabajo, la empresa afirma haber restablecido la continuidad en la entrega de medicamentos con mayor eficiencia.
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La firma, fundada en 2002, administra medicamentos para más de 3.6 millones de afiliados del régimen contributivo y un total de 4.3 millones al incluir aseguradoras privadas, procesando unas 721,000 transacciones mensuales a través de una red de más de 1,500 farmacias aliadas. Subrayó que asume el 100% del riesgo financiero, pagando directamente a las farmacias, lo que garantiza estabilidad en la cadena de suministro.
Ante cuestionamientos públicos, FARMACARD recordó que su primer contrato en 2012 se firmó tras un proceso de comparación de precios y que desde el primer mes logró una reducción del gasto superior al 30%. Además, reiteró que el actual modelo de contratación “capitado a riesgo” permite limitar el gasto, asegurar sostenibilidad y reforzar la transparencia en el sistema de salud dominicano.
“Nuestra experiencia técnica, los resultados comprobados y más de dos décadas de trayectoria nos respaldan como un aliado estratégico de la seguridad social. Reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema de salud, la transparencia en cada proceso y la garantía de un servicio oportuno, confiable y eficiente para los afiliados”, concluyó la empresa.
Se recuerda que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) firmó el 28 de febrero de 2025 un contrato con la empresa Farmacard SRL para la provisión de medicamentos ambulatorios a los afiliados del régimen contributivo, pensionados y jubilados. El acuerdo representaba un monto superior a los RD$11,304 millones en tres años y contemplaba, además, una renovación automática que podía elevar el negocio a más de RD$22,000 millones.
Tras una revisión, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró que dicho contrato violaba la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, al haberse ejecutado de manera directa sin un proceso competitivo y bajo la figura de una PSS sin aval del Ministerio de Salud Pública. Por estas razones, el organismo dispuso la anulación del contrato, aunque permitió su vigencia por 70 días hábiles para no afectar la entrega de medicamentos a los afiliados.
La DGCP también advirtió que el acuerdo trasladaba a Farmacard funciones que correspondían a Senasa, como el pago directo a farmacias y el control de las cuotas de medicamentos por afiliado, mientras que la empresa no tenía autorización del Ministerio para operar como prestadora de servicios de salud. Estas irregularidades, sumadas a otros contratos similares adjudicados en años recientes, levantaron cuestionamientos sobre el uso de más de RD$15,650 millones de fondos públicos destinados a empresas privadas del sector salud.