La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, dictó este martes diversas medidas de coerción contra once agentes de la Policía Nacional, acusados de la muerte de cinco hombres durante un presunto intercambio de disparos ocurrido el 10 de septiembre en el sector La Barranquita.
Cuatro agentes, entre ellos tres sargentos y un cabo, cumplirán tres meses de prisión preventiva, mientras que los siete restantes enfrentan impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva por 18 meses para todos los imputados, además de declarar el caso complejo, argumentando la gravedad del hecho y la supuesta destrucción de evidencias por parte de los policías.
Según la acusación, los agentes llegaron armados a la plaza comercial, abrieron fuego contra las víctimas y habrían retirado grabaciones y teléfonos para obstaculizar la investigación.
La audiencia, que duró casi ocho horas y contó con estrictas medidas de seguridad, terminó con reacciones divididas: el Ministerio Público celebró la decisión, pero la familia de una de las víctimas y algunos abogados anunciaron posibles recursos legales.