Actualizada el lunes, 8 de diciembre 2025 | 11:24 pm
Tomado de El Nuevo Diario
Francisco Iván Minaya. (Ilustración: El Nuevo Diario)
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público reveló que el imputado Francisco Iván Minaya Pérez, quien era gerente de Salud del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), recibía dádivas, regalos de lujo y beneficios económicos por parte de la empresa Nutrimed, representada por la también imputada Cinty Acosta Sención, con el objetivo de asegurar decisiones favorables dentro de la institución.
Según el expediente acusatorio, Minaya Pérez mantuvo durante años una relación de favorecimiento indebido hacia Nutrimed, actuando en coordinación con la estructura presuntamente dirigida por el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, para beneficiar a la compañía al margen de los procedimientos institucionales.
Las investigaciones establecen que el exgerente recibía botellas de whisky de alto costo, valoradas en algunos casos en hasta RD$100,000 cada una, además de canastas repletas de productos, artículos lujosos y bebidas de diversas marcas.
«Se comprobó que el imputado recibió botellas de whisky de alto costo, valoradas en algunos casos en cien mil pesos (RD$100,000.00) cada una, así como canastas repletas de productos, artículos lujosos y bebidas de diferentes marcas, todos entregados con el objetivo de garantizar tratamientos privilegiados, decisiones favorables y la continuidad de los beneficios que dicha empresa obtenía al margen de las normas institucionales», dice la acusación.
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El expediente detalla que este esquema ilícito se sostuvo por más de tres años, período en el cual Nutrimed obtuvo tratamientos privilegiados y contratos aprobados al margen de los requisitos legales y técnicos establecidos para la red de servicios de salud.
Finalmente, en octubre de 2023, el entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, dispuso la cancelación unilateral del contrato con Nutri-Med Marine Alvarado SRL. La comunicación oficial fue firmada por el consultor jurídico, Germán Rafael Robles Quiñones, alegando el vencimiento del acuerdo y una supuesta orden administrativa.
Sin embargo, el Ministerio Público aclara que la verdadera razón de la cancelación fue una orden de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), luego de que una auditoría detectara múltiples irregularidades en el programa manejado por la empresa.
Esto se encuentra documentado en el informe remitido a SeNaSa mediante la comunicación SISALRIL-DARS-DARCP-DJ-DGR-DEACT núm. 2023001189.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos forman parte de un esquema de corrupción estructurado, en el que se otorgaban contratos y decisiones institucionales a cambio de sobornos, regalos y beneficios personales.
