Actualizada el lunes, 8 de diciembre 2025 | 11:24 Tomado de El Nuevo Diario
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público reveló que, además de adquirir el 50% de las acciones de la empresa Nutrimed Marine Alvarado SRL, la imputada Cinty Acosta Sención negoció recibir el 40% del ingreso bruto generado por el Programa de Suplementación y Nutrición para Adultos Mayores contratado por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Este esquema, según el expediente, formó parte de una estructura diseñada para desviar fondos públicos mediante contratos ilícitos, sobornos y acuerdos simulados.
De acuerdo con la acusación, en septiembre de 2020 la doctora Milagros Almonte traspasó a Acosta Sención el 50% de las acciones de Nutrimed. Sin embargo, el Ministerio Público detalla que la negociación no solo implicó la cesión societaria, sino también un pacto adicional mediante el cual Cinty recibiría el 40% de todos los ingresos brutos generados por el programa dirigido a adultos mayores afiliados al SeNaSa.
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Estas condiciones fueron planteadas por Acosta Sención como requisito indispensable para integrarse al negocio y obtener la aprobación institucional del proyecto.
Posteriormente, el 5 de octubre de 2020, el entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, firmó un contrato de servicios con Nutrimed Marine Alvarado SRL, pese a que la empresa no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud Pública, otorgada semanas más tarde.
El contrato fue modificado diez días después mediante un addendum que permitió la inclusión de suplementos nutricionales, entre ellos Revidox y Sarcodyn, los cuales aún no tenían registros sanitarios válidos al momento de la firma.
Las pruebas también muestran que, tras una rescisión inicial, Hazim Albainy ordenó continuar los programas a través de nuevos acuerdos y posteriores adendas, lo que dio paso a un esquema de cobro de sobornos. Según la acusación, la imputada Acosta Sención entregaba el 30% del monto bruto recibido a través de José Pablo Ortiz Giráldez, por instrucciones directas del exdirector de SENASA.
En 2021, tras adquirir el 100% de la empresa, que luego renombró como Nutri-med CAS, se suscribieron nuevas adendas que ampliaron la cantidad de servicios autorizados mensualmente, consolidando así un programa que el Ministerio Público describe como una fuente constante de pagos ilícitos.
El expediente indica que, a través de empresas y contratos simulados, fueron transferidos montos que superan los RD$529 millones, utilizados para cubrir sobornos que beneficiaban directamente al imputado Santiago Hazim. Cuando Ortiz Giráldez fue investigado por el caso Calamar, la entrega de sobornos continuó, pasando entonces a manos del consultor jurídico del SENASA, Germán Rafael Robles Quiñones, quien habría recibido más de RD$536 millones en efectivo entre 2022 y 2023.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos evidencian la existencia de una estructura criminal organizada dentro del SeNaSa, orientada a manipular contrataciones públicas para desviar fondos mediante sobornos, acuerdos irregulares y contratos otorgados al margen de la ley.